Leyes como el matrimonio para todos (2013), la prohibición de las terapias de conversión (2022) o los planes nacionales contra las discriminaciones fueron precedidas por años de activismo.
El Plan nacional por la igualdad, contra el odio y las discriminaciones anti-LGBT+ (2023–2026) se elaboró conjuntamente con más de un centenar de socios, entre ellos asociaciones LGBT+ locales y nacionales, centros LGBT+ e instituciones públicas.
Estos grupos propusieron más de 300 medidas concretas, lo que muestra una movilización sin precedentes para hacer evolucionar las políticas públicas.
Un compromiso político creciente
El gobierno francés considera ahora la lucha contra las discriminaciones LGBT+ como una prioridad política.
La evolución de la opinión pública (el 85 % de los franceses consideraba la homosexualidad una manera normal de vivir la sexualidad en 2019, frente al 24 % en 1975) también ha reforzado la legitimidad política de estas leyes.
En resumen, los grupos homosexuales y LGBT+ han desempeñado un papel impulsor en la promulgación de estas leyes, movilizando, sensibilizando y participando activamente en los procesos de concertación política.